El gobierno de India fracasa de nuevo y no consigue aprobar la ley anticorrupción

Redacción 30/12/2011 Por segunda vez el gobierno indio vuelve a tropezar con la ley anticorrupción y no consigue aprobarla en el senado tras una acalorada y maratoniana sesión de trece horas.

La ley anticorrupción, conocida como ley Lokpal, tendrá que esperar a 2012 para hacerse realidad. El gobierno dirigido por Manmohand Singh no ha conseguido los apoyos suficientes de la oposición y ha preferido retirar la ley tras constatar que se habían presentado más de 187 enmiendas y no tenía mayoría para superar las votaciones en la cámara alta.

La oposición en bloque ha criticado la incapacidad del gobierno para sacar adelante una ley contra la corrupción, un problema que es percibido como de los más importantes por la sociedad india, y ha pedido la dimisión de Singh.

El gobierno, en cambio, ha responsabilizado al partido nacionalista hindú, BJP, del fracaso. El martes 27 de diciembre el proyecto de ley fue aprobado por el parlamento y solo faltaba que fuera ratificado por la cámara alta, el senado. Ahora el proyecto tendrá que reformularse y volver a ser presentado en el parlamento.

El proyecto de ley Lokpal contempla la creación de la institución del defensor del pueblo, un organismo independiente donde poder presentar e investigar las denuncias de corrupción contra la administración y funcionarios públicos.

Al descontento de la oposición hay que sumar la presión social. El activista Anna Hazare había rechazado el proyecto de ley por ser demasiado blando y había iniciado una huelga de hambre, a sus 72 años y con un delicado estado de salud. Hazare también ha amenazado con una campaña de desobediencia civil nacional que colapsaría las cárceles del país y el sistema judicial.

Hazare exige una ley más dura para acabar con la corrupción, una autentica lacra social que costa millones de dólares al erario público y que ha salpicado en varias ocasiones a miembros del gobierno.

El verano pasado y ante la campaña de Anna Hazare, seguida masivamente por la población, la ley fue retirada para endurecerla, aunque parece que no los suficiente.

El principal escollo es que tal como está formulada la oficina del defensor del pueblo no tiene potestad para investigar ni a las fuerzas armadas ni al primer ministro, que gozan de inmunidad.