Malasia aprueba una ley antiterrorista que recorta derechos
El parlamento de Malasia ha aprobado un controvertido proyecto de ley antiterrorista que permitirá la detención indefinida sin juicio. El gobierno defiende que es necesaria para luchar contra el extremismo islámico, mientras que la oposición denuncia que es un serio retroceso para la democracia.
El proyecto de Ley de Prevención del Terrorismo (POTA, por sus siglas en malayo) ha sido largamente debatido hasta la madrugada del lunes y aprobado por 79 votos a favor y 60 en contra.
La aprobación de la nueva ley ha coincidido con la detención de 17 presuntos terroristas vinculados a Estado Islámico que planeaban atentar en la capital Kuala Lumpur.
Según el nuevo proyecto de ley, los sospechosos de un delito de terrorismo podrán ser detenidos sin juicio durante un máximo de dos años, que podrán ser renovados por periodos de otros dos años sin límites. La decisión de la detención no pasará por el juzgado sino por una Junta de Prevención de Terrorismo.
La nueva legislación también permite revocar visados de viaje, tanto para salir de Malasia como para entrar, a personas sospechosas de estar relacionadas con el terrorismo.
Para la oposición y las ONG de defensa de los derechos humanos la nueva ley es un claro atentado a las libertades civiles y a la democracia. Además supone un retroceso de tres años ya que recupera las viejas fórmulas de la Ley de Seguridad Interna derogada en 2012, que estuvo vigente desde la independencia.
La oposición considera que la nueva ley se puede esgrimir para perseguir a los críticos y disidentes, algo muy habitual en el pasado de Malasia. Desde la ONG Human Rights Watch se ha calificado como un gigantesco paso atrás en la defensa de los derechos civiles y un riesgo para los abusos de poder.
Precisamente la derogación de la ley en 2012 parecía un firme compromiso para acabar con la persecución política y ayudar a democratizar el país.
El líder de la oposición de Malasia, Anwar Ibrahim, cumple condena por acusaciones de sodomía –una práctica ilegal en Malasia- que él siempre ha negado y que raramente es denunciada ante los tribunales.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el parlamento y todavía debe ser ratificado por el senado, una cámara controlada por las fuerzas gubernamentales de la que no se espera ninguna oposición.