Supuestamente el objetivo de reforzar el apartado de defensa, al que Japón va a dedicar 42.000 millones de dólares, es la emergencia de China como potencia regional y mundial y, más concretamente, las disputas territoriales con Pekín en el Mar de China.
Pero al tiempo Shinzo Abe también consigue profundizar en su tesis de reforzamiento internacional de Japón, la tercera economía mundial, como potencia en la escena internacional.
Este fuerte incremento del 2,8% en el gasto militar con respecto a los presupuestos del año anterior se materializa tras conseguir el primer ministro modificar la constitución para que las fuerzas armadas japonesas puedan intervenir militarmente al lado de un aliado si éste es atacado.
Este cambio constitucional rompe con el pacifismo impuesto en la constitución japonesa por Estados Unidos y las potencias vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial.
Hasta esta modificación, el ejército japonés tenía una vocación, por mandato constitucional, estrictamente defensiva. Solamente podía actuar en caso de ser atacado. Es más, el nombre oficial, Fuerzas de Autodefensa de Japón, no contiene la palabra ejército.
Durante décadas, Japón ha asumido un perfil bajo en materia militar para evitar fricciones con los países que ocupó en los años del expansionismo que acabaron con la rendición de agosto de 1945 tras los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki.
Pero el ascenso geoestratégico de China ha permitido a los halcones del Partido Liberal Demócrata, la derecha hegemónica en la política japonesa desde la Segunda Guerra Mundial, reforzar el perfil en materia de defensa. Aún así, el presupuesto de defensa japonés continúa sin superar el 1% del PIB, límite que también impone la constitución.
El conflicto territorial por las islas Senkaku-Diaoyu, dejado en hibernación desde la gran conflagración de mediados del Siglo XX, ha regresado a la superficie de las relaciones bilaterales entre la que durante 50 años ha sido la gran potencia asiática, Japón, y China, la nueva potencia del Siglo XXI.