La China neolegista de Xi Jinping

Cabe señalar que las apelaciones al Estado de derecho no son nuevas en la política china. El concepto del imperio de la ley figura inserto en la propia Constitución desde 1999. Ahora bien, ciertamente es la primera vez que se avanza desde lo genérico a lo concreto, formulando ideas, conceptos y propuestas que pueden incidir a medio plazo en la plasmación de una nueva cultura política en el desarrollo del país.

Entiéndase bien que en ningún caso se está planteando el cuestionamiento de los vectores fundamentales del sistema político, muy especialmente el papel del PCCh. Por el contrario, como los documentos de la sesión se cuidan de señalar, los cambios deben servir para reforzar su liderazgo y capacidad de gobierno.

Si el mandato de Hu Jintao (2002-2012) permitió incorporar al discurso político oficial algunas significativas manifestaciones asociadas al pensamiento confuciano, Xi Jinping, sin anular esas aportaciones, parece dispuesto a sumar el valor de la cultura legista, también integrante del pensamiento tradicional chino.

De esta forma, asistimos a una progresiva conformación del nuevo corpus ideológico del PCCh para el siglo XXI que tanto reafirma el marxismo o el maoísmo como enfatiza la actualidad del pensamiento clásico e igualmente coquetea con las fórmulas dominantes en el pensamiento occidental tratando, en cierta medida, de adoptar su fisionomía sin mimetizarlas de forma automática para dar forma a una convergencia híbrida que no reniega sino suma cuanto de utilidad puede hallarse en los armarios ideológicos de la historia pasada y contemporánea para preservar su liderazgo.

Precisamente, en un discurso del propio Xi Jinping pronunciado días antes de la sesión este destacaba el valor de la cultura tradicional para mejorar la gobernanza del país. De igual manera, cabe destacar el esfuerzo de los actuales líderes por transformar en normativa jurídica las decisiones políticas que antaño se plasmaban, como mucho, en circulares internas del PCCh.

Gobernar mediante la ley exige conferirle a esta un valor clave a fin de reducir la discrecionalidad y la subjetividad en el ejercicio del poder.

Esto implica fortalecer el valor de la propia Constitución del país, hasta ahora en buena medida nominal, reforzar la independencia de la justicia y, lo más difícil, establecer un marco de actuación que replantee y delimite con claridad la posición del PCCh en el conjunto del sistema jurídico. En paralelo, cabría conferir a las asambleas populares a los distintos niveles un mayor dinamismo, menos rigidez y más facultades de iniciativa y control a la hora de asegurar la adecuación a la ley de todos los instrumentos y actores en juego.

Buena parte de las resoluciones de esta sesión abundan en la reforma judicial. En los últimos tiempos se habían aireado en la prensa china numerosos casos de errores judiciales y ensayado una mayor transparencia.

El PCCh ofrece compromisos en materia de elevación de la competencia técnica de los magistrados, apuesta por la profesionalización, aumenta las exigencias de responsabilidad por sus decisiones y reduce el papel de las autoridades locales a la hora de entrometerse en la administración de justicia.

Esto no quiere decir que las organizaciones del PCCh vayan a desaparecer de los tribunales, pero sí que los jueces tendrán más espacio para ejercitar la imparcialidad sin interferencias, lo cual ayudará a fortalecer su credibilidad ante la opinión pública.

El primer frente se plantea a nivel de base, pero debiera alcanzar a la máxima cúspide. Las competencias disciplinarias que usufructúa el propio PCCh, gestor en la práctica de un fuero especial para sus más de 80 millones de militantes, exigen una clarificación de fronteras. Las reglas de funcionamiento del PCCh dependen del Estado de derecho, no pueden estar en contradicción con él, lo cual exige preservar la plena igualdad de personas físicas y jurídicas ante la ley.

Tampoco puede avanzar realmente el Estado de derecho – a no ser que se interprete como una coartada para legitimar un poder incontestable- si no se efectivizan mecanismos para garantizar que los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución se puedan ejercer de facto dotándoles de amparo suficiente.

La Constitución se proclama como núcleo y esencia de la acción de gobierno y ello implica que los derechos (no solo en los procedimientos judiciales) deben ser no solo respetados sino fomentados en su reconocimiento y aplicación.

En su conjunto, las orientaciones aprobadas permitirán reducir el poder de los funcionarios en el ámbito local beneficiando así la lucha anticorrupción y contribuyendo a vencer las resistencias a la vigente ola de reformas que avanza con dificultades. Son, sin duda, el primer colectivo destinatario de las medidas anunciadas.

El nuevo discurso puede favorecer igualmente la imagen de China en el mundo, apadrinando unos modos y cultura política que parecen avanzar por la senda de la modernidad, pero, de las palabras a los hechos, para convertir en cosa del pasado las carencias que la afean, se necesitará algo más que buena voluntad. El PCCh tiene la última palabra. 

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.