El ejército impone la ley marcial en Tailandia

El decreto de ley marcial, firmado por el jefe del Ejército, Prayuth Chan-Ocha, se ha emitido por sorpresa y concede amplios poderes al ejército. A pesar de ello su portavoz asegura que no se trata de un golpe de estado y que no interferirán en el gobierno provisional.

Los militares se han desplegado por la capital, Bangkok, y han bloqueado los accesos. Han tomado la sede de gobierno, que llevaba meses desocupada por las sucesivas protestas de la oposición que habían bloqueado sus accesos y ocupado intermitentemente las dependencias.

Los militares también han entrado en las sedes de la televisión y radios y se ha ordenado la censura de los medios de comunicación para según los mandos del ejercito garantizar "la seguridad nacional" de Tailandia.

El decreto de ley marcial puede provocar la movilización en contra de los partidarios del gobierno, los camisas rojas, que en este decreto pueden ver una reedición del golpe militar de 2006 con el que se consiguió apartar del poder a su primer ministro, Thaksin Shinawatra.

Desde 1932 el ejército se ha convertido en árbitro de la vida política en Tailandia y ha protagonizado 11 golpes de estado.

Tailandia vive inmersa en una parálisis política y económica desde el pasado otoño, cuando las calles de Bangkok se llenaron de manifestantes antigubernamentales, camisas amarillas, exigiendo la disolución del gobierno liderado por la hermana de Thaksin, Yingluck Shinawatra.

Desde entonces la oposición exige la caída del gobierno y que se cree un "consejo popular", no elegido en las urnas, para liderar una regeneración política. Yingluck ha sido acusada de ser un títere de su hermano que gobierna en la sombra.

Los intentos de Yingluck Shinawatra para superar la crisis y estabilizar el gobierno han sido inútiles. Primero convocó elecciones en febrero para forzar una salida a la crisis, pero fueron boicoteadas por la oposición y anuladas por la Comisión Electoral.

La crisis política todavía se ha agudizado más al conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que condena por nepotismo a la primera ministra y nueve miembros de su gabinete que se han vistos obligados a dimitir de sus cargos.

Junto al ejército, la justicia también parece que hace de árbitro de la vida política ya que desde 2008 ha apartado del gobierno a tres primeros ministros y ha ilegalizado partidos de un bando y de otro por fraude electora.

El país está dividido entre los partidarios del clan Shinawatra que tiene sus seguidores en el mundo rural al que ha subvencionado ampliamente desde el poder, y la oposición que representa a las clases medias urbanas, cercanas al entorno del rey. Una división que se teme pueda llevar a una guerra civil.