redacción
09/04/2014
La decisión del Supremo da luz verde a la
Ley de Salud Reproductiva que contempla que los centros de salud ofrezcan servicios de planificación familiar y puedan distribuir preservativos y píldoras anticonceptivas gratuitamente.
La sentencia preserva la separación entre Iglesia y el Estado y da al gobierno la supremacía en cuestiones seculares.
La aprobación de esta controvertida ley representa una importante derrota para la Iglesia Católica que tiene gran poder e influencia en Filipinas. El ochenta por ciento de los filipinos se declaran católicos.
La iglesia se ha opuesto durante más de una década a que se aprobará esta ley que define como una amenaza a la vida humana. Incluso ha denunciado a los políticos que han participado en su elaboración y la han apoyado.
La ley había sido refrendada por el gobierno y el parlamento en diciembre de 2012, pero representantes de grupos de la Iglesia Católica habían presentado recursos de inconstitucionalidad.
El gobierno del presidente Benigno Aquino ha conseguido desafiar la presión de la iglesia y ahora el Tribunal Supremo considera que es constitucional permitir distribuir métodos anticonceptivos desde los centros de salud, prestar atención sanitaria a las mujeres que han recurrido a abortos ilegales y obligar a los colegios a ofrecer clases de educación sexual.
La sentencia sólo considera inconstitucional algunos aspectos como las sanciones a los trabajadores sanitarios que alegan objeción de conciencia y se nieguen a informar sobre anticonceptivos o a suministrarlos.
En Filipinas está autorizada la venta de anticonceptivos, pero su precio es prohibitivo. Con la nueva Ley de Salud Reproductiva serán accesibles para toda la población.
Filipinas tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, su población supera los cien millones de habitantes y la iglesia siempre ha rechazado el uso de condones.