La comisión anticorrupción de Tailandia amenaza con inhabilitar a 308 diputados y senadores
La Comisión Nacional Anticorrupción tailandesa ha anunciado que investigará a 308 diputados y senadores, principalmente del partido en el gobierno, por un intento ilegal de modificación de la constitución, una decisión que añade todavía más incertidumbre al inestable momento político en Bangkok, con la oposición en las calles.
Redacción
08/01/2014
El gobierno de la primera ministra, Yingluck Shinawatra, intentó a finales del año pasado votar en el parlamento un cambio constitucional que habría hecho del Senado una cámara elegible por sufragio directo en su totalidad confiando en que los votos, principalmente de las áreas rurales, le darían mayoría.
El tribunal constitucional tailandés ya había desestimado el cambio y, ahora, la decisión añade mayor inestabilidad a las horas ya difíciles que vive la siempre convulsa política tailandesa, dado que la oposición amenaza con boicotear las elecciones del 2 de febrero, convocadas por la primera ministra para neutralizar el desafío opositor.
Los manifestantes opositores que en las últimas semanas han retado al gobierno en las calles anuncian para el domingo su intención de paralizar el país.
Denuncian que el gobierno populista de Yingluck en realidad está manipulado desde el exilio por su hermano, el antiguo magnate de las telecomunicaciones y exprimer ministro Thaksin Shinawatra.
Si los Shinawatra representan el populismo apoyado por los votos del campo y las capas menos favorecidas económicamente, la oposición encuentra sus apoyos en las élites urbanas y el entorno de la venerada monarquía.
La decisión de anticorrupción complica la situación porque la inhabilitación que puede suponer para más de 300 diputados se aplicaría una vez quisieran entrar en el parlamento tras los comicios de febrero. De ahí que habría que repetir las elecciones en aquellas circunscripciones afectadas.
Otro factor añadido es que el partido de los Shinawatra, el Pheu Thai, considera que los tribunales tailandeses, tanto el constitucional como el anticorrupción, se alinean siempre con las élites políticas tradicionales, ahora en la oposición.