India aprueba la ley Lokpal para luchar contra la corrupción

Redacción 18/12/2013 Tras dos largos años de negociaciones, los dos partidos mayoritarios, el gobernante Partido del Congreso y la oposición nacionalista hindú del BJP, se han puesto de acuerdo para dar el último paso y aprobar la ley. Ahora sólo queda la formalidad que el presidente del país la firme.

La cercanía de las elecciones generales, previstas para 2014, la presión ciudadana en forma de manifestaciones y la aparición de un nuevo partido que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera parece que ha dado el último empujón a una ley muy deseada por la ciudadanía, pero que no gustaba demasiado al establishment político.

Hoy, 18 de diciembre, la cámara baja del Parlamento indio ha dado luz verde a la nueva ley, que nace con el objetivo de luchar contra la corrupción en la administración y entre la clase política.

El proyecto de ley Lokpal, que es el nombre con el que se conoce en la India a la futura figura del defensor del pueblo, permitirá que una institución independiente persiga los delitos de corrupción de políticos y funcionarios.

La corrupción, casi endémica en la administración, es percibida por la población como uno de los principales problemas para el desarrollo del país.

Los numerosos escándalos que en los últimos años han salpicado al gobierno central y a numerosos gobiernos estatales han afectado seriamente a la credibilidad de los políticos.

La ley Lokpal empezó a tramitarse en 2011 tras la presión del movimiento liderado por el activista Anna Hazare, que promovió numerosas marchas por el país y protagonizó varias huelgas de hambre.

Las divergencias entre partidos han retrasado la aprobación de la Lokpal casi dos años.

Aunque las principales formaciones políticas han expresado su satisfacción por la aprobación de la ley, ésta es considerada insuficiente para el movimiento social que lidera Hazare, que lleva nueve días en huelga de hambre como presión ante la aprobación de la ley.

Las organizaciones sociales consideran que debería contemplar reivindicaciones como que fueran delito las largas esperas de los ciudadanos en tener acceso a los bienes y servicios del estado que les corresponden o la protección legal de los denunciantes de actos de corrupción.