Redacción
27/12/2013
El gobierno de Yingluck Shinawatra, en declaraciones a la televisión, ha asegurado que las elecciones deben celebrase ya que no hay ninguna legislación que permita aplazarlas.
Al convocar elecciones se disolvió el parlamento, acto que sancionó el rey Bhumibol Adulyadej, y la constitución da un plazo de 60 días para celebrar nuevos comicios. El gobierno defiende la constitución, aunque no se niega a realizar reformas tras las elecciones que confía ganar.
Ante la violencia de las protestas de ayer jueves 26 de diciembre la Comisión Electoral de Tailandia
ha pedido que se retrasen las elecciones para poner fin a las protestas y realizar el proceso con garantías.
Los enfrentamientos alrededor del estadio, donde deben registrarse los candidatos, entre los manifestantes antigubernamentales, que intentan impedir el acceso para boicotear el proceso, y las fuerzas de orden subieron de intensidad y acabaron con un policía muerto y casi una cincuentena de heridos
La
prensa tailandesa especula sobre la posibilidad que los miembros de la Comisión Electoral decidan dimitir para forzar el aplazamiento de las elecciones.
Los manifestantes antigubernamentales siguen pidiendo que la primera ministra deje el cargo y se retire. Acusan a Yingluck Sinawatra de representar a un gobierno ilegitimo y corrupto que en realidad dirige su hermano Thaksin desde el exilio.
Thaksin Sinawatra fue derrocado por un golpe militar incruento en 2006 y condenado por corrupción y cobro de sobornos.
Decidió autoexiliarse para evitar la cárcel. Precisamente las actuales protestan se iniciaron por la tramitación en octubre de una ley de amnistía que le permitiría regresar como hombre libre.
La oposición defiende implementar una serie de reformas políticas antes de celebrar elecciones para evitar un nuevo triunfo del partido de Sinawatra que tiene una amplia masa de seguidores en las zonas rurales.
El Jefe del Ejército, el general Prayuth Chan-ocha, ha vuelto a pedir moderación a los partidos para buscar soluciones y que dejen de pedir que la institución ejerza de árbitro, a pesar de ello no ha descartado públicamente la posibilidad de un golpe de estado.