Japón se dotará de una ley de secretos de estado calificada de déficit democrático por la oposición

Redacción 27/11/2013 Considerado vital para la seguridad del archipiélago por parte del gabinete del primer ministro Shinzo Abe, el texto ha pasado ya el trámite de la cámara baja, donde el gobernante Partido Liberal Demócrata ha conseguido el apoyo de su socio habitual, el Nuevo Komeito, y el de una formación opositora, el Tu Partido, frente al rechazo del resto de la oposición.

Ahora la nueva ley ha sido enviada a la cámara alta, el senado, donde no debería tener dificultades el gobierno para llevarla adelante.

La oposición denuncia que en virtud de la nueva ley, el gobierno puede evitar responder a las demandas de información de los ciudadanos, lo que constituye una degradación de las libertades en la democracia nipona.

En el mismo sentido se inscriben las críticas de la profesión periodística, que ve en la nueva ley una clara restricción a la libertad de prensa.

Quizás consciente de los recelos que la cuestión seguridad versus libertad genera en la sociedad nipona, el gabinete Abe ha acelerado los trámites parlamentarios de la ley evitando el debate en el comité de seguridad nacional después de la intervención del primer ministro tal como marca el procedimiento.

Entre las razones que esgrime el gobierno Abe para impulsar este cambio legislativo es la necesidad de disponer de garantías de seguridad sobre la información para conseguir que Estados Unidos y otros aliados puedan compartir con Tokio datos sensibles.

Esta justificación encaja en el reforzamiento de una política más nacionalista por parte del primer ministro Shinzo Abe, fácil de justificar en el plano exterior por el mismo proceso en marcha en el gran rival regional, China.

La aprobación en la cámara baja de la nueva ley de secretos de estado coincide con la creación por parte de China de una zona aérea de identificación entre la costa continental y los archipiélagos en disputa en el Mar de China.

Pero es en el plano interno en el que la ley genera mayores recelos, dada la ya habitual opacidad de las autoridades, comprobada una vez más en la catástrofe nuclear de Fukushima.