Redacción
21/11/2013
La decisión del Supremo debería equivaler, en principio, a la eliminación de la tortura como medio para conseguir información por parte de los cuerpos policiales chinos en la línea de las decisiones tomadas por la cúpula comunista hace quince días en una reunión con notables avances, al menos altamente simbólicos, en materia de derechos humanos.
En el cónclave comunista se decidió la supresión del sistema de reeducación de detenidos en campos de trabajo y se anunció una reducción del número de delitos que podrán ser castigados con la pena de muerte.
En su blog informativo, el Tribunal Supremo sostiene hoy que deben ser rechazados los testimonios y pruebas conseguidas por métodos ilegales como los que fuerzan a los detenidos a tener que soportar --explicita el
texto— temperaturas extremas, hambre y fatiga.
El mismo documento antepone el valor de la prueba frente al del testimonio de cargo como elemento básico de apoyo para la acusación o la defensa.
El nuevo liderazgo chino, con Xi Jinping al frente, pone el énfasis en la construcción de un sistema judicial independiente y fiable.
En un país donde arrecian las injusticias sociales como consecuencia del vibrante desarrollo económico, la clase media emergente reclama poder defender sus derechos como ciudadanos, una aspiración imposible de garantizar con el actual sistema judicial en el que los jueces no son de carrera sino por designación política.