Redacción
24/10/2013
La presión de los responsables políticos chinos sobre los medios de comunicación no es precisamente una novedad, a través de la censura o, directamente, de las represalias vía policial.
Muchos medios de comunicación se mueven en el margen difuso que marca el gobierno respecto a lo que se puede
divulgar y lo que no, sobre todo cuando atañe a una eventual actuación irregular de la administración y los cargos públicos.
En su afán por denunciar injusticias y abusos, muchos periodistas acaban detenidos, como es el caso de Chen.
Lo que sí es muy novedoso es el hecho de que su medio haya decidido defenderle de una manera tan pública y notoria, poniendo en conocimiento del público en general la detención de su redactor.
Chen Yongzhou publicó un reportaje en el que explicaba irregularidades relacionadas con una empresa de equipamientos para la construcción de la provincia de Hunan y de titularidad mixta pública y privada.
Se trata de Zoomlion, copropiedad del gobierno provincial de Hunan, que tras el reportaje de Chen publicó una nota en la aseguraba que la información publicada, errónea, había provocado la caída del valor de sus acciones.
Chen está oficialmente acusado de haber causado “perjuicio a la reputación empresarial”.
El caso ha generado una corriente de rechazo en las redes sociales chinas y algunas muestras de solidaridad por parte de otros medios de comunicación que como Nuevo Expreso intentan denunciar las situaciones injustas y las ilegalidades que conlleva el rápido crecimiento económico chino.
Nuevo Expreso es una publicación con base en la provincia de Guangdong, como Nanfang Zhoumo, el semanario que a principios de año denunció un caso de censura flagrante.
La denuncia periodística de la corrupción encajaría, sobre el papel, en la voluntad del presidente Xi Jinping de combatir el principal mal que aqueja a la nueva sociedad china.
Y, sin embargo, al tiempo que Xi alienta a perseguir a los corruptos, reprime duramente a aquellos periodistas y blogueros que denuncian irregularidades.
La cuestión no resuelta es, sencillamente, que combatir la corrupción en China implica poner en cuestión a muchos cuadros del Partido y del estado, un factor de desestabilización y deslegitimación del poder que Xi Jinping no puede permitirse sin poner en riesgo los precarios equilibrios en la dirección china.