China juzga a tres activistas anticorrupción
Puede parecer un contrasentido que un gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera persiga policial y judicialmente a los activistas que la denuncian. Pero es exactamente lo que está ocurriendo en China. Liu Ping, Wei Zhongping y Li Sihua, detenidos en abril.
Redacción
28/10/2013
Y ahora comparecen ante el juez en Xinyu, en la provincia de Jiangxi. Inicialmente acusados de subversión, cargo generalista y habitual en los casos de activistas opositores al régimen comunista chino, hoy pesan sobre ellos las acusaciones de asociación ilícita.
En el momento de la detención portaban pancartas en las que exigían a los cargos públicos chinos que hicieran públicos sus ingresos y patrimonio.
Los abogados de la activista Liu Ping denuncian que la causa presenta graves irregularidades procesales y no ven con optimismo el desarrollo del juicio.
Otro de los abogados defensores ha puesto en conocimiento de los medios de comunicación occidentales que él mismo ha sido detenido por la policía temporalmente.
Todo ello demuestra la mano dura con la que las autoridades comunistas chinas piensan seguir tratando a todo aquel que denuncie por libre las prácticas ilegales, abusos y delitos por parte de altos funcionarios chinos.
El régimen chino sabe del enorme potencial desestabilizador que constituye la indignación popular por la corrupción generalizada tras años de crecimiento exponencial y dinero fácil.
Y Pequín, el presidente Xi Jinping, quiere dirigir la campaña anticorrupción desde el centro del poder, sin que los grupos de activistas de la nueva sociedad china, mucho más abierta e intercomunicada gracias a la red, le tomen la delantera y le cuestionen.
Los tres activistas juzgados ahora en Jiangxi, bajo un fuerte dispositivo policial, pertenecen al grupo Movimiento de Nuevos Ciudadanos.
El desarrollo de los últimos treinta años en China ha creado una clase media que se organiza vía redes sociales y manifiesta cada día con mayor fuerza su anhelo de una sociedad más libre en la que sus derechos como ciudadanos sean respetados y su voz escuchada.