Pena de muerte para los autores de la violación múltiple de una joven en India

Redacción 13/09/2013 La condena a pena de muerte es muy poco frecuente en la justicia india y sólo se aplica en caso de crímenes especialmente violentos o políticos. Acostumbra a conmutarse por cadena perpetua.

No parece que esto vaya a suceder en esta ocasión, dada la alarma social que despertó el caso.

El juez que ha leído el veredicto ha justificado la sentencia alegando que la violación mortal es un caso “extraordinario entre los extraordinarios y exige un castigo ejemplar”. El juez también ha destacado que en unos tiempos en que aumentan los crímenes contras las mujeres los tribunales no pueden cerrar los ojos.

El padre de la víctima se ha mostrado satisfecho con la sentencia que condena a muerte, a la horca, a cuatro de los seis acusados. Otro de ellos, un menor de 17 años, ha sido condenado a tres años de prisión en un reformatorio, lo máximo que permite la ley. El sexto acusado fue encontrado muerto ahorcado en su celda.

Todos ellos se han declarado inocentes y han alegado que fueron torturados para confesar.

El pasado diciembre en Bombay una joven estudiante de fisioterapia conocida por el nombre de Amanat fue violada y golpeada por un grupo de seis hombres en un autobús en el que viajaba con un amigo, que también fue agredido. Después fueron arrojados del autobús en marcha.

La joven de 23 años murió a causa de las heridas dos semanas más tarde en un hospital de Singapur.

El suceso conmocionó a la opinión pública y miles de personas se manifestaron denunciando las agresiones y la violencia que sufren a diario las mujeres en la India y la tolerancia de la policía ante estos sucesos. La indignación ciudadana provocó que el gobierno modificara la legislación y endureciera las penas contra los agresores.

La nueva ley contra la violencia de género, que en homenaje lleva el nombre de Amanat, contempla la pena de muerte para los violadores que causen la muerte o dejen en estado vegetativo a la víctima. Penaliza el acoso e impone responsabilidades a los funcionarios públicos que no actúen debidamente ante un caso de violencia contra las mujeres.