Redacción
19/07/2013
Kevin Ruud ha anunciado que los refugiados no tendrán ninguna oportunidad de quedarse en territorio australiano y no podrán pedir que se les conceda el estatus de refugiado políticos.
Australia ha alcanzado un acuerdo con Papua Nueva Guinea para que sea este país el que se haga cargo en sus centros de detención de los inmigrantes sin papeles y que tramiten sus peticiones de asilo político para ser aceptados en el país como residentes, los que no lo consigan serán devueltos a sus países de origen.
La decisión del primer ministro australiano pretende acabar con el “efecto llamada” que ejerce Australia para muchos inmigrantes sin papeles del sudeste asiático que llegan a sus costas en todo tipo de embarcaciones precarias poniendo en grave riesgo sus vidas.
El gobierno australiano asegura que muchas de las
peticiones de asilo por motivos políticos enmascaran una simple inmigración ilegal por motivos económicos. También han vuelto a denunciar las mafias que organizan estos peligrosos viajes que muchas veces acaban en naufragios y con la muerte de los inmigrantes.
En el último año y medio el número la llegada de refugiados se ha disparado. La mayoría de las solicitudes de asilo proceden de personas procedentes de Irak, Irán, Sri Lanka, Afganistán y Bangladesh. Los inmigrantes realizan un largo viaje hasta llegar a la isla indonesia de Java donde parten en barco hasta la isla de Navidad, la parte más cercana del territorio australiano.
En lo que va de año más de quince mil personas han pedido asilo y unas 220 embarcaciones han llegado a las costas australianas.
La decisión del gobierno laborista de Kevin Rudd de endurecer las políticas de asilo en vísperas de las elecciones legislativas que se celebrarán en septiembre, no es casual y se enmarca en una medida electoral.
La inmigración ilegal es un tema que preocupa a la sociedad australiana y el líder de la oposición, Tony Abbott, que según las encuestas ganará las elecciones, ha prometido enviar de vuelta a todos los barcos que lleguen a Australia.
El ACNUR y ONG como Amnistia Internacional han criticado duramente las políticas de Australia y las condiciones de los campos de internamiento en que atiende a los refugiados.
El año pasado el gobierno australiano ya endureció las medidas de asilo obligando a todas las personas que llegaban de forma ilegal en barco a ser enviados a campos de internamiento en Nauru y en territorio de Papua Nueva Guinea a la espera de tramitar su expediente de asilo.