Redacción
08/01/2013
El propio relevo al frente de la cúpula comunista china ha reabierto el debate sobre si la nueva generación de dirigentes, la quinta, la de Xi Jinping, será la que traerá a la República Popular la democracia, aunque, como reitera Pekín a menudo, no vaya a ser exactamente el mismo sistema que conocemos en Occidente.
En el período de transición entre la cuarta y la quinta generación en el que nos encontramos, es decir, entre la celebración del XVIII Congreso del Partido Comunista el pasado noviembre, y el plenario de la Asamblea Nacional Popular este marzo, la acelerada transformación de la gran potencia emergente sigue su curso y, muy atentos, los sectores más aperturistas presionan para ampliar los márgenes de libertades.
Es el caso del semanario Nanfang Zhoumo (Semanario del Sur), cuyos periodistas se han declarado en huelga en protesta por la censura de uno de sus artículos por parte de las autoridades.
En la edición de Año Nuevo, Nanfang Zhoumo iba a publicar un artículo de fondo en el que se reclamaba al gobierno la garantía de los derechos constitucionales. Nada revolucionario en sí mismo, pero las autoridades consideraron que desafiaba al poder y obligaron a la dirección a sustituirlo por otro que ensalzaba los logros del Partido Comunista.
La huelga de la redacción recibía el apoyo de centenares de personas, muchas de ellas periodistas, que se concentraban en protesta por la falta de libertad de prensa y de democracia.
Además, la redacción reclama la dimisión del jefe de propaganda local, responsable de la intromisión en las páginas de un semanario que suele poner a prueba la honradez de las autoridades con sus denuncias de abusos e irregularidades.
Es cierto que la protesta no ha conllevado una intervención violenta de las fuerzas de seguridad, extremo que habría probablemente agravado el desafío, como ha sucedido con las reclamaciones laborales.
Y también es verdad que la reacción del gobierno provincial de Guangdong, una de las zonas tradicionalmente más abiertas de China, se ha caracterizado por la moderación; pero todo ello no quiere decir que de crecer la protesta y de generalizarse el gobierno no actuara con mayor contundencia.
Porque es francamente discutible que Xi Jinping esté superando por ahora la prueba del nueve de la transparencia.
Recientemente se ha aprobado una nueva normativa que obliga a los usuarios de Internet a inscribirse en un registro en el que deben certificar su identidad.
El gobierno afirma que es para garantizar la seguridad y los derechos de los usuarios en la red, pero muchos internautas chinos ven de nuevo en esta medida otro control más sobre el ciberespacio.
Los usuarios de Internet y especialmente de las redes sociales en China chocan irremisiblemente contra la llamada “cibermuralla”, el gran aparato de control de los contenidos que se transfieren a través de la red.
Cualquier término sensible, considerado subversivo por el régimen, provoca un bloqueo del acceso a Internet.
Ello ha generado tradicionalmente graves obstáculos en los tratos con los grandes de la red, como Google o Yahoo, deseosos de acceder sin limitaciones al potencialmente lucrativo mercado centenares de miles de internautas en la República Popular.
Google acaba de anunciar la retirada de las advertencias que ofrecía a los internautas chinos cuando buscaban términos considerados por las autoridades como “subversivos”, lo que los analistas consideran una auténtica rendición ante la firmeza del aparato de seguridad chino.
El buscador había introducido el servicio para orientar a los usuarios, que consideraban erráticos los resultados ofrecidos por Google, consecuencia de las distorsiones provocadas por la “cibermuralla” china.
La medida adoptada por Google había sido torpedeada desde su introducción por los servicios de seguridad chinos en la red.
Sólo desde el control absoluto de la situación es capaz el régimen comunista chino de hacer concesiones a un progresivo mayor respeto de las libertades y los derechos humanos.
En este sentido, la prensa oficial ha anunciado para finales de 2013 una reforma del sistema penitenciario, especialmente del régimen de internamiento en campos de trabajo.
Si se materializa, confirmaría la voluntad aperturista del nuevo liderazgo, pero siempre en un proceso de toma de decisiones vertical, de la cúpula al ciudadano.
Y eso sucede cuando Pekín, obligado por la presión popular, se ve forzado a modular los controles para evitar un estallido social y político.
Los periodistas de
Nanfang Zhoumo lo saben y juegan sus cartas para que los nuevos ciudadanos chinos, cuyo bienestar material ha mejorado exponencialmente en las dos últimas décadas, puedan además tener voz en los asuntos que les conciernen.
El test del Nanfang Zhoumo es crucial, porque unos medios de comunicación libres son, junto a la independencia de la justicia --otro déficit de la gran potencia emergente--, dos condiciones sine qua non para la democratización de la sociedad china.