Redacción
11/10/2012
En concreto, Amnistía sitúa el problema en los gobiernos municipales y locales, con notable poder de planificación económica en China, así como en el hecho de que la tierra sea, en último término, propiedad del Estado.
La titularidad pública del suelo fomenta que las autoridades, con el objetivo de desarrollar sus pueblos y ciudades, expropien terrenos para la construcción de infraestructuras o grandes proyectos inmobiliarios.
Las infraestructuras fomentan el empleo y el desarrollo de la comunidad y los bloques de viviendas, oficinas y áreas comerciales, construidos por grupos privados, representan fuertes ingresos para las arcas públicas.
Para las infraestructuras, las autoridades necesitan endeudarse. Con la venta de suelo pueden pagar esa deuda.
En medio quedan los ciudadanos chinos, que de golpe pueden ver cómo les es arrebatada la casa donde viven sin grandes indemnizaciones y menos contemplaciones.
El informe de Amnistía, titulado
Standing Their Ground, hace recuento de las muertes, las palizas y el acoso relacionados con la presión de las autoridades sobre la población de áreas urbanas o rurales afectadas por recalificaciones de terrenos destinados a garantizar que China siga creciendo por encima del 7%, ahora que las exportaciones flojean debido a la caída de la demanda internacional.
Los gobiernos locales actúan con contundencia presionados por las exigencias del gobierno central para que alienten el crecimiento económico.
Algunos episodios de abusos manifiestos han acabado en revuelta popular, como en el caso de la ciudad de Wukan, en Guangdong, donde las autoridades tuvieron que acabar dando la razón a la población y aceptando unas elecciones locales para elegir a una nueva administración local.
Con todo, Amnistía Internacional no ve que el ejemplo de Wukan abra ninguna puerta al optimismo, dado que la rectificación de las autoridades se produjo tras la muerte bajo custodia policial de un ciudadano que intentaba negociar con las fuerzas del orden ante una expropiación.