Redacción
10/08/2012
Rápidamente visto para sentencia el caso de Gu Kailai y de su asistente, Zhang Xiaojun, el tribunal de Hefei juzga también a cuatro policías por encubrimiento, puesto que habrían conseguido evitar toda implicación de la mujer de Bo Xilai en los hechos hasta que se reabrió la investigación por el testimonio del jefe de policía de Chongqing, Wang Lijun, tras pedir asilo en el consulado de Estados Unidos en Chengdú.
Los hechos juzgados ocurrieron en noviembre de 2011 y la muerte de Neil Heywood, hasta la fecha un aliado de los Bo, fue inicialmente atribuida a un coma etílico.
Pero la muerte estaba demasiado cerca del entorno directo de Bo Xilai, puesto que, entre otras funciones, Heywood había sido el mentor del hijo de Bo en la universidad del Reino Unido donde estudió y habría ayudado al clan familiar a sacar dinero al extranjero.
Las supuestas amenazas de Heywood al hijo de Bo Xilai habrían llevado a Gu Kailai a acabar con él. Algunas fuentes sugieren que la “defensa”, en este caso preventiva, de la seguridad de su hijo, sería un atenuante en la pena que finalmente recaiga sobre la asesina confesa.
Tanto Gu como su ayudante se enfrentan a la pena de muerte, aunque el hecho de que hayan colaborado con la justicia se interpreta como la evidencia de que han pactado con la fiscalía para evitar la ejecución.
El juicio tiene un marcado carácter político puesto que pone fin, al menos de momento, a lo que constituía un previsible y fulgurante ascenso de Bo al máximo órgano de poder en China, el Comité Permanente del Buró Político, de cuyos nueve miembros siete se jubilan en el próximo congreso de otoño.
Hasta la muerte de Heywood, Bo parecía tener su puesto asegurado, lo que habría situado en la cúpula dirigente al máximo representante de una corriente populista en el seno del Partido que ensalza algunos trazos del maoísmo, como el evidente culto a la personalidad que profesan por Bo sus partidarios.
Sus éxitos económicos y los valores nacionalistas le habían consolidado en Chongqing, una pujante municipalidad de 15 millones de habitantes en el suroeste de China.
Pero el caso Heywood y la “deserción” del jefe de policía Wang pusieron en evidencia que la corrupción iba asociada a ese “milagro” de Chongqing.
Era el momento esperado por los rivales ideológicos de Bo, que encontraron la excusa perfecta para purgarle a él, juzgar a su mujer y condenar su nostalgia del maoísmo.
Al margen de las implicaciones políticas del juicio, los hechos parecen probados por distintos testimonios y han sido reconocidos, admitidos por Gu y su asistente, por lo que el régimen comunista chino ha perdido una buena oportunidad para presentar a la comunidad internacional una justicia algo más transparente.
Los analistas consideren insuficiente la información facilitada al público sobre el juicio, que de hecho era abierto.
Sin embargo, los medios occidentales se han visto privados de la posibilidad de presenciarlo desde dentro de la sala de vistas.
La sentencia en el caso de Gu Kailai se dictará supuestamente con una cierta celeridad porque, una vez más por motivos políticos y no judiciales, los dirigentes comunistas no quieren que la cuestión esté en el primer plano político cuando se acerque en otoño la gran cita quinquenal del Partido.
El camino se allana así para una sucesión plácida entre la llamada cuarta generación de dirigentes comunistas, encarnada por el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao, y la quinta, Xi Jinping, ahora vicepresidente, y Li Keqiang, viceprimer ministro.
En otoño se conocerá la composición final de ese Comité Permanente del Buró Político y el grado de equilibrio entre tecnócratas de la “banda de Shanghai”, que apoyan en principio a Xi Jingping, y otras facciones más identificables con las socialdemocracias, salvando las distancias, representadas por Hu y Wen.
Asignatura pendiente: cómo afrontar la reforma política al tiempo que se modifica el modelo económico para dejar atrás la fuerte dependencia del mercado exterior y construir una economía más sólida sobre el consumo interno.