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Lunes, 23 de diciembre de 2024
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China exige a los abogados jurar lealtad al Partido Comunista
Los abogados chinos deberán jurar lealtad al país y a la dirección del Partido Comunista para renovar u obtener su licencia para ejercer en China. La medida se interpreta como una nueva forma de control sobre el colectivo para evitar la defensa de activistas y casos de derechos civiles.
Redacción 22/03/2012 El ministerio de Justicia ha anunciado que se exigirá a los abogados que formalicen el juramento en el plazo de tres meses desde la obtención del certificado para ejercer la profesión, ya sean recién licenciados o abogados que renuevan su licencia.

Según informa la agencia oficial de noticias Xinhua el ministerio ha designado las instituciones encargadas de celebrar las ceremonias de juramento que se describe como un paso importante para promover la “integridad de los abogados”.

El juramento incluye comprometerse en promover la justicia social, respetar la Constitución y las leyes chinas, sujetas a la causa socialista, apunta la agencia oficial.

Hasta ahora, los abogados debían comprometerse a respetar los principios básicos de la legislación, que ya incluía el sometimiento a las directrices del Partido Comunista. Parece que la obligatoriedad del juramento pretende conseguir que quede de forma explícita el compromiso y se pueda perseguir los cuestionamientos o interpretaciones de las leyes y por tanto la defensa del Estado de Derecho sea un delito.

Durante los últimos años una red de abogados, además de defender a activistas y disidentes, se ha enfrentado al gobierno llevando casos a los tribunales en que se desafiaban algunas leyes. Por ejemplo han planteado litigios que cuestionaban la restricción de movimientos de los ciudadanos, la política del hijo único, la falta de libertad para organizar protestas en las calles o interponiendo denuncias contra los numerosos casos de corrupción.

El requisito del juramento dificultará este trabajo y presiona al colectivo para reducir los casos que el gobierno califica de “sensibles”,

Desde la Primavera Árabe las autoridades han aumentado la presión contra los activistas pro derechos humanos y grupos que les dan apoyo, incluidas páginas Web. Ha sido el periodo de represión más fuerte de la última década. En el último año se han producido decenas de detenciones, incluidos nombres de renombre internacional como el del artista Ai Weiwei.

Para el gobierno chino la estabilidad social es una prioridad y su principal preocupación es que las desigualdades provoquen tensiones que lleguen a las calles. Por eso aumentan el control sobre los abogados que pueden denunciar casos de violación de derechos humanos.

La reforma de la ley se produce en un momento de importantes cambios políticos en China. En otoño se debe llevar a cabo el relevo de los nueve miembros del Comité Permanente del Politburó del partido, el órgano que concentra el máximo poder en China, y se nombrará a los líderes que deben dirigir el país en el próximo decenio.

La decisión también dificulta la modernización del sistema legal chino. El gobierno es consciente que necesita reformar el sistema judicial para profesionalizarlo y frenar las críticas.Aunque ha implementado importantes reformas en el campo del derecho mercantil se controla cualquier tema que tenga relación con la defensa de los derechos humanos.

Coincidiendo con este anuncio, Xinhua también publica que la Fiscalía aprobará la revisión de algunas normativas de la Ley de Procedimiento Penal para introducir reformas. Asegura que las modificaciones deben mejorar la protección de los sospechosos y la exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente, además de diferentes cuestiones relacionadas con la cooperación entre instituciones.

La Asamblea Nacional Popular aprobó durante la clausura del plenario anual, celebrado la semana pasada, la reforma de la Ley de Procedimiento Penal.

Se reformó el sistema de detenciones y se aprobó la obligatoriedad de que la policía informe a los familiares del arresto de los detenidos en un plazo de 24 horas, una medida pionera en China.

Sin embargo, dejó abierto dos excepciones que la convierten en papel mojado; la medida no se aplicará en caso de terrorismo o de un delito que ponga en riesgo la seguridad nacional. En este último supuesto puede caber prácticamente cualquier tema relacionado con la defensa de los derechos humanos.
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