El senado australiano aprueba la ley que grava las emisiones de C02

Redacción 08/11/2011 La primera ministra australiana Julia Gillard ha conseguido sacar adelante la controvertida ley que grava con un impuesto sobre las emisiones de CO2 a las empresas que más contaminan. El senado la ha aprobado con 36 votos a favor y 32 en contra.

La ley de Energías Limpias ha superado su último trámite parlamentario en el senado y se convierte en una realidad. A partir de julio de 2012 las empresas que más contaminan tendrán que pagar un impuesto especial por emisión de carbono.

La laborista Julia Gillard ha conseguido aprobar con una exigua minoría parlamentaria una ley que ha provocado largos años de disputas con la oposición conservadora y que en gran medida precipitó la dimisión de su compañero de partido y antecesor en el cargo Kevin Rudd.

La nueva ley contempla penalizar con un impuesto las emisiones de carbono y va acompañada de un paquete de medidas complementarias para evitar pérdida de competitividad a las empresas y que los consumidores no se vean afectados por una subida de precios.

Se calcula que la medida afectará a unas 500 empresas, de sectores como la minería, energía, acero o aerolíneas, que deberán pagar cerca de 27 dólares por tonelada de carbono emitida.

El impuesto aumentará un 2,5% cada año hasta 2015, cuando se abrirá un mercado de emisiones de C02, a semejanza del de la UE, en que el precio puede fluctuar y las empresas vender los cupos que no utilizan.

La primera ministra ha defendido la ley como una apuesta por el futuro y el cambio en el sistema energético. Las tasas sobre emisiones obligarán a la industria a buscar y desarrollar alternativas en las energías renovables.

Julia Gillard confía en que las energías limpias abran un nuevo sector que cree puestos de trabajo y ayude al crecimiento del PIB.

Australia es responsable del 1,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero dada su escasa población es el país desarrollado con una tasa más alta de emisión per capita.

El partido conservador se ha opuesto de forma contundente a esta ley. Sus líderes aseguran que las empresas australianas serán menos competitivas y eso afectará directamente a las exportaciones, además de provocar pérdidas de empleo y elevar el coste de la vida, ya que las compañías repercutirán el impuesto en los precios.

El líder conservador, Tony Abbot, se ha comprometido a anular la ley si llega al poder en las próximas elecciones, que deben celebrarse en 2013.