China libera a disidentes, pero aumenta el control sobre ellos

Redacción 27/06/2011 Hu Jia fue condenado por “haber incitado a la subversión contra el poder del estado” a través de sus artículos en que denunciaba la falta de respeto de los derechos humanos en China, la situación de los enfermos de Sida o la degradación del medioambiente.

El domingo 26 de junio era liberado tras cumplir tres años y medio de prisión. A pesar de su delicado estado de salud, está enfermo de hepatitis B, se le denegó en su momento la libertad provisional para recibir tratamiento médico.

Tras su liberación, Hu Jia no ha realizado declaraciones oficiales. Su mujer ha asegurado que el gobierno chino lo mantiene en una situación de arresto domiciliario, aunque no esté declarado oficialmente así. El matrimonio está sometido a vigilancia y se les ha prohibido hablar con los medios de comunicación.

La liberación de Hu Jia se produce pocos días después de la puesta en libertad del artista y disidente Ai Weiwei. Ambas liberaciones se han realizado coincidiendo con el viaje oficial del primer ministro chino, Wen Jiabao, a Europa y en vísperas de la conmemoración del 90 aniversario de la creación del Partido Comunista de China.

Sin embargo, la salida de prisión no va acompañada de una libertad real. Las autoridades chinas mantienen un estrecho control sobre los liberados que han pedido tranquilidad a los medios de comunicación y aseguran que no pueden realizar declaraciones.

Ai Weiwei ha afirmado que no se le permite mantener contactos con la prensa ni conceder entrevistas a medios extranjeros, además no puede utilizar su Twitter ni conectarse a las redes sociales para dejar mensajes.

Desde principios de año, Pekín ha aumentado el control sobre la disidencia. Parece que el temor a un efecto contagio de las revueltas árabes, las llamadas “revoluciones del jazmín”, junto con el aumento del descontento social preocupan al gobierno chino, que ejerce un férreo control sobre la disidencia, mucho más fuerte que hace un año.

Amnistía Internacional ha denunciado que desde el pasado febrero se tiene constancia que al menos 130 activistas, abogados, blogueros e internautas poco conocidos han sido detenidos, sometidos a desaparición forzada o mantenidos bajo arresto domiciliario.