Pakistán reforma la constitución para limitar el poder presidencial

Eva Queralt 09/04/2010 La clase política pakistaní se ha puesto de acuerdo, algo realmente inusual, para transformar el sistema político con una reforma de la ley que se aleja del sistema presidencialista y refuerza la democracia parlamentaria.

La reforma, definida tras diez meses de negociaciones, atorga más poder a las instituciones que representan directamente el voto de la población y convierte al presidente en una figura prácticamente representativa.

Así, el presidente pierde poderes tales como la posibilidad de cesar un gobierno –central o regional- o abolir el parlamento, además de ceder el control de las fuerzas armadas, lo que incluye el nombramiento de los altos mandos del ejército o la supervisión del armamento nuclear. El presidente tampoco elegirá al líder de la comisión electoral, ni podrá imponer el estado de emergencia en una provincia de forma unilateral.

Otra de las novedades que se incluyen es que la votación para escoger al primer ministro y a los ministros que gobiernan las provincias no se hará de forma secreta, lo que evitará los acuerdos clandestinos. De hecho las provincias se verán claramente beneficiadas por la reforma legal, ya que tendrán poder para legislar en varias áreas.

Finalizado el último periodo dictatorial hace apenas dos años, tras la retirada del general Musharraf, esta reforma busca devolver el peso del sistema a la tradicional clase política pakistaní, históricamente dominada por dos grandes familias: los Bhutto y los Sharif.

Estos dos clanes, claramente enfrentados, se alternaron en el gobierno en los años 90 del siglo pasado y tanto los mandatos de Benazir Bhutto como los de Nawaz Sharif estuvieron marcados por reiteradas acusaciones de corrupción y abuso de poder.

Ahora, gracias a otra de las novedades legales que elimina el límite de dos mandatos para el cargo de primer ministro, Nawaz Sharif podría volver a presentarse como candidato, de forma que existe la posibilidad de que empiece a presionar al gobierno para reclamar elecciones anticipadas.

Por ello estos cambios, si bien deberían reforzar el sistema democrático y el poder civil a largo plazo, pueden provocar un aumento de la inestabilidad en el actual gobierno del presidente Azif Alí Zardari, viudo de la ex primera ministra asesinada Benazir Bhutto.

Pero en el futuro de la clase política pakistaní, tanto del gobierno como de la oposición, tendrá un papel fundamental el poder judicial. Con la reforma, el nombramiento de jueces pasa a manos de una comisión judicial independiente. De esta forma, se redefine la separación de poderes, un factor clave en un país en que la misma clase política que ha promovido la reforma tiene un gran número de casos pendientes con la justicia.

El propio clan Bhutto se sentía a salvo gracias a la amnistía pactada entre el general Musharraf y Benazir en 2007, pocos meses antes de ser asesinada. Este pacto garantizaba la anulación de los casos pendientes por corrupción que la afectaban a ella y a los de su entorno a cambio de que abandonara el exilio y regresara a la vida política pakistaní.

Pero recientemente, el Supremo pakistaní ha dejado sin efecto esta amnistía y ha urgido a que se retomen las investigaciones por antiguos casos. Si bien Zardari sigue protegido por la inmunidad inherente al cargo de presidente, su entorno político podría verse en breve claramente afectado.

La reforma constitucional debe ser aprobada todavía por el senado, pero dada la predisposición de todos los partidos demostrada en la cámara baja, no supondrá ningún problema superar el último trámite para que la propuesta se convierta en ley. Sin embargo, el futuro político inmediato de Pakistán puede verse tanto o más alterado por la lucha de la justicia contra la corrupción que por la reforma de la constitución.