Musharraf no protegió a Benazir Bhutto

Eva Queralt 16/04/2010 El informe de Naciones Unidas presentado ayer sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de la líder política Benazir Bhutto critica que las medidas de seguridad establecidas por el régimen militar del general Musharraf para protegerla fueron insuficientes e inefectivas, a pesar de que se sabía que había serias amenazas contra ella.

La seguridad de Benazir Bhutto recaía en el gobierno federal, en el gobierno del Punjab y en la policía de Rawalpindi, pero ninguna de las tres instituciones adoptó las medidas que se requerían.

Benazir Bhutto, la primera mujer que ocupó el cargo de primera ministra en un país musulmán, murió en un atentado perpetrado tras finalizar un multitudinario mitin en la ciudad de Rawalpindi, muy cercana a Islamabad, dos meses después de regresar del exilio para concurrir a las elecciones.

El informe señala que es inexplicable que el gobierno no diera órdenes para que Bhutto disfrutara de las mismas medidas de seguridad que habían tenido un par de meses antes otros dos ex primeros ministros del partido del general Musharraf en un acto similar.

Aunque la versión oficial afirma que murió por un golpe provocado por la onda expansiva de la explosión, sus seguidores afirman que pudo haber recibido un disparo antes de la detonación de la bomba. La comisión no entra en estos detalles, y como ha venido recordando durante estos meses su cometido tampoco era averiguar quién la mató, pero sí recrimina que no hubiera un vehículo preparado para poderla llevar a un hospital de forma urgente.

Tras el magnicidio, el informe lamenta que el lugar de los hechos se limpiara rápidamente, destruyendo innumerables pruebas que serían clave para una investigación. Según la comisión, es inconcebible que sólo se recogieran 23 pruebas, cuando en un caso así lo normal sería tener centenares.

El hecho de haber limpiado rápidamente la escena del magnicidio es un signo de incompetencia, incide la comisión, pero además no se pudo haber llevado a cabo sin el conocimiento y consentimiento de las altas autoridades del país. Los comisionados acusan además que el jefe de la policía de Rawalpindi no permitió que se investigara in situ hasta dos días después del atentado y no creen que sus polémicas decisiones fueran tomadas de forma independiente.

La comisión, presidida por el embajador de Chile ante la ONU Heraldo Muñoz, tampoco entiende porqué las investigaciones oficiales se centraron sólo en el entorno del líder talibán Baitullah Mehsud y de Al Qaeda.

El gobierno les responsabilizó incluso antes de empezar la investigación policial, a pesar de que Bhutto había recibido amenazas desde diferentes bandos, incluidos grupos jihadíes locales y miembros del “establishment” militar. Por ello creen que la investigación fue obstaculizada premeditadamente por temor a las agencias de seguridad y a miembros del gobierno.

Este cúmulo de circunstancias se hacen todavía más incomprensibles teniendo en cuenta que Benazir Bhutto ya había sufrido un trágico atentado en Karachi justo dos meses antes, el 18 de octubre de 2007, que acabó con la vida de 139 personas que la acompañaban en el día de su regreso al país.

Benazir Bhutto acusó en ese momento a los servicios de inteligencia pakistaníes de haber participado en la acción. En su biografía, publicada poco antes, aseguraba que había cuatro grupos suicidas tras ella, incluido uno liderado por un hijo de Osama Bin Laden, y señalaba directamente a un grupo de veteranos miembros de la inteligencia de querer matarla.

A la falta de seguridad y a los obstáculos a que se investigara adecuadamente el asesinato, los comisionados añaden un tercer grupo de denuncias que corresponden a las dificultades con que se han encontrado para realizar el trabajo que Naciones Unidas les había encomendado y entrevistar a altos cargos del ejército y del ISI.

La investigación de Naciones Unidas empezó en julio por petición del gobierno de Islamabad, presidido por el viudo y heredero político de Benazir, Azif Así Zardari.

En la presentación del informe, el embajador Muñoz urgía a Islamabad a llevar a cabo una investigación criminal seria y a llevar a los culpables ante la justicia, para la cual espera que sus conclusiones sean de utilidad.

El magnicidio de Benazir Bhutto se producía en un momento de inestabilidad en que el régimen de Musharraf se veía deslegitimado a nivel internacional y forzado a iniciar una transición democrática para la cual necesitaba el regreso de la histórica líder a la escena política pakistaní.

Ahora, tras conocerse las conclusiones del informe, el entorno del ex presidente Musharraf ya ha declarado que la comisión miente, que él no puede ser considerado en ningún caso responsable, y que Bhutto se expuso demasiado.

Casualmente, la presentación del informe ha coincidido con una votación en el senado pakistaní a favor de una reforma de la constitución que restará poderes al presidente y dará un mayor papel al parlamento y al primer ministro.

Esta reforma supone un paso más en la transición que se inició con el regreso de Bhutto, la forzada dimisión de Musharraf y la celebración de elecciones libres. La iniciativa refuerza el control del sistema político por parte de la clase política tradicional, donde los Bhutto son uno de los principales clanes, y acaba con una de las últimas rémoras de los periodos dictatoriales, durante los cuales los presidentes han disfrutado de amplios poderes.