El dilema de Australia ante el cambio climático

Eva Queralt 28/07/2009 Australia es a la vez víctima y verdugo en la cuestión del cambio climático. Por su situación geográfica y su clima típicamente cálido y seco será una de las regiones del planeta que primero sufrirá las consecuencias de un aumento de temperaturas. A la vez, es el país que emite más gases contaminantes de efecto invernadero por cápita, aunque del total mundial no supera el 1,6%.

La lucha contra el cambio climático tomó un especial protagonismo en Australia en las últimas elecciones legislativas, celebradas en noviembre de 2007, en las que el laborista Kevin Rudd arrebató el gobierno al conservador John Howard tras 11 años en el poder. Pero sus nuevas medidas han decepcionado a muchos, por tímidas o por extremas.

Kevin Rudd, que prometía convertir Australia en referente ecológico, inició la legislatura con el gesto simbólico de ratificar el Protocolo de Kyoto. A partir de allí, el gobierno empezó a buscar un sistema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El Plan de Reducción de Emisiones Contaminantes (CPRS, en inglés) se presentó con el propósito de ser implantado en 2010, pero ante el nuevo panorama económico surgido de la crisis y el temor a que el plan perjudicara gravemente la economía, Rudd accedió a posponerlo un año más; eso sí, con la prórroga impuso también objetivos más ambiciosos.

El plan ya revisado prevé una disminución de hasta el 25% de las emisiones del año 2000 para el 2020, aunque el porcentaje final se fijaría en función del compromiso al que lleguen el resto de países en la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático que se celebrará en Copenhague en diciembre próximo.

Con la legislación actual, este sistema basado en el comercio de derechos de emisión sería el más amplio del mundo, afectando al 75% de las emisiones del país y a unas 1.000 compañías que deberán pagar para contaminar o dejar de hacerlo. El CPRS incluye sectores como el transporte, la fabricación de aluminio, las refinerías o los productores de gas, aunque no los sectores agrícolas y ganaderos.

Economía versus medio ambiente

La oposición conservadora considera que el gobierno no ha estudiado suficientemente el impacto en la economía y en los puestos de trabajo que podría tener este plan, por lo que ha pedido nuevos informes independientes y ha bloqueado su aprobación en el Senado, donde a Rudd le faltan siete votos para sacarlo adelante. El lobby industrial y empresarial se posiciona igualmente en contra por los costes que supone la transformación de los sectores más contaminantes.

Así, el país se ha dividido entre los que priorizan la economía y los partidarios de defender el medio ambiente, dado que otros sectores esperaban que la ley fuera mucho más allá. Como ejemplo, la Australia Conservation Foundation sitúa su ideal entre el 30 y 40% de reducción y el partido de Los Verdes pide el 25% como mínimo y no como máximo.

Pep Canadell, director ejecutivo de Global Carbon Project, señala la ambigüedad de la ley en cuanto a su alcance, teniendo en cuenta que el 25% propuesto como máximo “depende de conseguir medidas significativas en otros países, pero no se detalla qué son medidas significativas y hasta donde llegará Australia si el resto de países no adoptan estas reducciones”.

Desde el gobierno australiano, Stephen Bygrave, subsecretario del Departamento para el Cambio Climático, reconoce a asiared.com el dilema que vive el país: “Actualmente hay un debate en la sociedad australiana sobre cómo implantar este sistema, pero el gobierno lo tiene muy claro desde que llegó al poder y sabemos que este plan es una buena forma de reducir las emisiones, porque se basa en el mercado pero con medidas complementarias por si éste falla. Es un sistema que combina obligaciones y ayudas”.

De hecho, estas ayudas son uno de los puntos más controvertidos, escasas para unos y excesivas para otras. Las grandes empresas contaminantes de sectores como el acero y el aluminio, disfrutarán en un primer momento de derechos de emisión gratuitos. La minería de carbón, en cambio, no. Para este sector se ha previsto un plan específico para su adaptación de 600 millones de dólares americanos, que incluye el tratamiento del metano que producen las minas, más contaminante que el CO2.

Para otros, hay créditos o contraprestaciones para que el precio de las emisiones sea progresivo. Además, hay un Fondo de Acción para el Cambio Climático que dispone de 163,34 millones de dólares norteamericanos para ayudar, entre 2009 y 2010, “a las industrias y organizaciones empresariales a empezar a reducir sus emisiones a través de una mayor eficiencia energética antes del inicio del plan”, explica Bygrave.

Con este sistema, las empresas tendrán que reducir sus emisiones, pero paulatinamente, como explica Canadell: “Todos los complementos o contraprestaciones a la industria expuesta al comercio de emisiones tienen una duración finita. Habrá unos años en los que no veremos mucho la diferencia, especialmente en los dos primeros en que el gobierno dará créditos a la industria a un precio de Au$10/tonelada de CO2 (8,16 dólares USA). Pero esto se acabará e irá seguido de un aumento del precio en los años posteriores que hará que la industria tenga que reaccionar”.

Por su parte, organizaciones como Greenpeace critican que el gobierno ayude a los que más contaminan y ponen como ejemplo que las centrales eléctricas de carbono más contaminantes recibirán una compensación de 3.900 millones de dólares.

En cambio, un sector muy importante en la economía australiana como el ganadero no se ha introducido en el plan por sus características especiales. “Actualmente no hay soluciones suficientemente eficaces para reducir las emisiones del sector ganadero, que son mayoritariamente de metano. Se está investigando mucho para disminuir la respiración entérica de las vacas y corderos pero la única solución disponible en estos momentos es reducir el consumo de carne”, explica Canadell.

Entre estas investigaciones, las impulsadas por el gobierno cuentan con una inversión de 17,4 millones de dólares americanos. Canberra necesita una solución en este campo, dado que el metano de los ganados supone el 12% de las emisiones del país. En cuanto a la agricultura, se implantarán políticas específicas en 2015.

Paralelamente al debate sobre el CPRS, el gobierno Rudd implanta otras medidas para reducir la huella contaminante del país. El objetivo es que en 2020, el 20% del consumo energético del país proceda de energías renovables, para lo cual invertirá en una década 3.800 millones de dólares.

Entre los grandes proyectos, Canberra tiene previsto construir, junto con el sector privado, una de las redes de centrales eléctricas de energía solar más grandes del mundo con una inversión de mil millones de dólares. El otro gran proyecto es una planta eólica de 600 turbinas que generará electricidad para 430.000 casas.

Kevin Rudd quiere quitar al país el estigma de gran contaminador y la determinación de su gobierno para sacar adelante el CPRS marcará la legislatura. De hecho, de seguir el bloqueo a esta histórica iniciativa, el primer ministro podría decidir avanzar las elecciones y aprovechar el buen momento de popularidad del que goza para ampliar su ventaja y gobernar, entonces sí, plácidamente.